El documento analiza la creciente inseguridad ciudadana en el Perú, identificada como la principal preocupación de la población en 2025, en un contexto de expansión de las economías criminales y debilitamiento institucional. Se destaca el impacto del crimen y la violencia en la inversión, el desarrollo económico y la gobernabilidad democrática. La propuesta de política pública “Seguridad ciudadana y Política Criminal del Estado” se estructura en tres ejes de intervención. El primero, Seguridad Ciudadana y Sistema de Justicia Penal, plantea la modernización de la Policía Nacional y del sistema judicial, así como la revisión del marco normativo que limita la lucha contra el crimen organizado. El segundo, Gobernanza e Inteligencia Penitenciaria, enfatiza la infraestructura carcelaria, los programas de reinserción social y la prevención de la criminalidad juvenil. El tercero, Lucha Estratégica contra el Crimen Organizado, propone la creación de unidades de inteligencia y operaciones especiales, junto con la articulación regional e internacional. El estudio concluye que superar la fragmentación estatal y recuperar el liderazgo institucional son condiciones indispensables para restablecer la confianza ciudadana y fortalecer la seguridad nacional.